En diálogo con Radio Ciudad FM 100.3, esto destacó Adriana Carranza quien es impulsora junto a otros jubilados provinciales que fueron afectados, por ejemplo, por la Ley 10.694: “Esta movida tiene algo de particular a pesar de que ya 2 veces hemos presentado firmas, porque lo particular tiene que ver con que es un proyecto de ley que se presentará bajo el formato de democracia semidirecta, que es en este caso la iniciativa popular. Es decir, los ciudadanos comunes tienen la posibilidad de poder presentar proyectos de ley ante la Legislatura y en este caso lo estamos haciendo.
Lo hicimos 2 veces antes. La primera vez llevamos 14 mil firmas y nos dijeron que de acuerdo a la ley vigente es el 8 por mil del padrón electoral, por lo tanto eran 24 mil firmas. Volvimos con 36 mil firmas y a duras penas logramos meter el proyecto, porque las firmas no estaban certificadas, pero a los 60 días por escrito nos dijeron ‘No, así no podemos subir este proyecto al recinto’. Esto tiene que ver con que también la ley que rige las iniciativas populares es del año ‘90, es una ley que necesita ser modificada, aggiornada, tiene muchos grises y en estos grises el Gobierno juega de tener una interpretación que para nosotros no es la correcta, por eso es que ahora vamos a hacer como nos dijeron, con firma certificada, para ver cuál va a ser el motivo por el que nos van a decir no a 25 mil firmantes, ciudadanos votantes de la provincia de Córdoba.
En realidad ahora no vamos a firmar en cualquier lugar, sino que la organización es extrema y vamos a hacerlo a partir del 1 de junio hasta el 30 de agosto en la Policía de la Provincia de Córdoba. Cualquier persona que esté empadronada para votar en la provincia de Córdoba, mayor de 16 años, va a poder firmar en esas planillas”.